Eliminar la discriminación y garantizar el reconocimiento de la nacionalidad mexicana.
Invitamos a todas las personas que tengan algún caso sobre la doble nacionalidad, nos acompañen para conocer más sobre este tema. Alguna duda y/o comentario compártelo con nosotras!.
Link de inscripción: https://bit.ly/RegistroIdentidad
Itzel Polo Mendieta. CAFAMI AC
¿Cuál será la función de nuestros gobiernos locales?
En el marco del día internacional de la migración, y a una semana de la adopción del Pac- to Mundial Por Una Migración Regular, Segura y Ordenada o Pacto Mundial de Migración (PMM), compartimos algunas re exiones sobre la importancia que tiene este instrumento para la creación e implementación de políticas públicas en México y particularmente en el estado de Tlaxcala que atiendan a la población, con una visión de derechos humanos y desde la perspectiva de las personas migrantes.
El Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, una de la organizaciones que forman parte del Colectivo Por Una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala participó en Marruecos en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo por sus siglas en inglés GFMD, y en la conferencia intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial de una Migración Segura, Orde- nada y Regular -GCM el pasado 10 y 11 de Diciembre. El Colectivo a su vez forma parte del Bloque Latinoamericano integrado por más de 60 redes y organizaciones que trabajan por los derechos de la población migrante, sujeta a protección internacional, sus familias, descendientes y comunidades en América Latina y el Caribe, así como diásporas en Estados Unidos y Europa.
Nuestra región comprende uno de los corredores migratorios continentales más extensos y diversos a nivel mundial, al mismo tiempo que presenta los índices de desigualdad más ele- vados. La movilidad humana a lo largo del continente obedece a causas estructurales como la violencia social y política generalizada, los modelos de desarrollo excluyentes que generan desplazamiento de miles de personas que al no poder vivir en condiciones dignas, se ven obligadas a migrar. Nuestra región es testigo de desplazamientos forzados, de migraciones intrarregionales, transnacionales y transfronterizas, así como de fenómenos de tránsito y asentamiento de poblaciones migrantes provenientes de países de África y Asia, así como de deportación, rechazo, retorno forzado y retorno voluntario.
La participación del Bloque Latinoamericano y del Colectivo tenía como objetivo visibilizar la situación que prevalece en esta parte del mundo en materia de movilidad humana, pero también y principalmente posicionar las acciones que queremos ver implementadas por los gobiernos y la ONU en nuestros países. Entre las que podemos mencionar:
1.- Los Estados deben erradicar el racismo, la xenofobia se deben generar acciones que contrarresten discursos y comportamientos de esta naturaleza, a través de políticas inclusivas, incorporando la participación constructiva de los medios de comunicación para promover narrativas y enfoques incluyentes desde la interculturalidad. Tal y como está establecido en el objetivo 17, en sus líneas de acción, a),b),f),g) del PMM.
2.- Debe considerarse como tema prioritario en el diseño de las políticas migratorias, aten- der las causas especí cas que generan el desplazamiento forzado e interno en la región, como son el cambio climático, los desastres naturales y los megaproyectos que implican despojo de tierra en menoscabo del medio ambiente, así como violencias, violaciones a de- rechos humanos, pobreza, desigualdad y desestabilidad política. Para los pueblos originarios, los Estados deben garantizar los mecanismos ya establecidos para el acceso a una consulta plena, libre e informada, como lo señala el convenio 169 de la OIT, que permite a los pueblos originarios determinar sus propios destinos en cuanto a sus tierras frente a la implementa- ción de proyectos de desarrollo por parte de los gobiernos y de empresas (transnacionales y nacionales), incluyendo mecanismos de penalización. Así como lo establecido en el objetivo 2 PMM; minimizar los impulsores adversos y los factores estructurales que obligan a las per- sonas a abandonar su país de origen.
3.- Hacemos un llamado para que los Estados ejecuten acciones para asegurar el acceso a derechos a los migrantes, como los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, al trabajo decente, a la identidad y nacionalidad, a la salud física y emocional, a la igualdad y a una vida libre de violencia; así como el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación efectiva e integral del daño y a la memoria, es decir, a la portabilidad de derechos y el buen vivir. independientemente de su situación migratoria en todo el proceso migrato- rio, Lo anterior establecido en los objetivos 2, 4, 5,6, 7 y 8, así como el 15,16,17,18. 19 y 22. del PMM.
Sin duda un gran reto para nuestra región y nuestro país será rescatar la importancia que tiene este Pacto a pesar de no ser vinculante, no ver las causas estructurales de la migración, sólo sus consecuencias y tener como uno de sus enfoques el respeto a la soberanía na- cional, lo que signi ca, que cada país pueda decidir libremente cómo atender a la población en las migraciones. No obstante todo lo anterior, constituye un compromiso de trabajo multilateral entre los estados, 160 países lo rmaron y se comprometieron a implementarlo, es el primer instrumento a nivel mundial creado para respetar los derechos humanos de las personas migrantes y de sus familias.
Frente al contexto ya expuesto, y situaciones de emergencia humanitaria como el éxodo centroamericano, que vivimos en Centroamérica y México, conocido como “caravanas mi- grantes”, generado por la grave situación de violencia generalizada, hambre, marginación y ausencia de condiciones básicas para una vida digna y segura, los gobiernos necesitan desa- rrollar un plan de acción regional con todos los actores involucrados para la reorientación de las políticas y directrices en la migración con el n de garantizar la atención a las necesidades de las personas migrantes y sus comunidades.
El gobierno federal dio a conocer el “Plan de Desarrollo Integral” del triángulo norte, que va acorde con el tema de implementación del Pacto Mundial Por Una migración Segura, Ordenada y Regular, la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y pretende bene ciar a una población de más de 160,000,000 millones de personas, este plan de acuerdo con lo dicho por el canciller Marcelo Ebrard fomentará la cooperación Sur-Sur.
Sus 4 ejes de acción son la atención de la migración de origen, tránsito, destino, con en- foque en la regularización/refugio y retorno, asegurando la coordinación con las agenda internacional, en donde la CEPAL, será la instancia que estará acompañando la creación de este plan integral. No obstante, aún sabemos muy poco después de los primeros casi 5 meses del gobierno entrante, del impacto y el origen de los fondos para ejecutar este plan, el cual debe garantizar transparencia e impacto real en las comunidades, así como un plan de trabajo en todos los niveles de gobierno.
Pero nuestra tarea no termina con esta participación en Marruecos, sólo es el comienzo, el desafío más importante que tenemos como sociedad civil, defensora de los derechos humanos de los migrantes y sus familias particularmente en Tlaxcala será promover que los objetivos y líneas de acción contenidos en el Pacto se conozcan y reconozcan a nivel estatal y municipal por ser los primeros encargados de brindar atención a migrantes y sus familias.
El poder legislativo no queda exento de esta responsabilidad, en sus manos está modi car o armonizar marcos jurídicos restrictivos, excluyentes y discriminatorios, que impiden el acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos.
Impulsar que estos objetivos se materialicen en acciones concretas, porque ningún pacto, convenio, ley, tratado internacional, tiene un impacto real en la vida de migrantes y familias, mientras los gobiernos no asuman su responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas integrales e incluyentes y con asignación presupuestaria, que atiendan a la población en las migraciones.
Actualmente los gobiernos en conjunto con la Red de Migración de las Naciones Unidas, y con la participación de la sociedad civil están dialogando cómo se va a realizar la implemen- tación de lo establecido en el pacto, así como la utilización de los fondos destinados para tal n. Desde el Bloque Latinoamericano pedimos a nuestros gobiernos, asegurar la continua participación de sociedad civil que trabaja día a día en las comunidades, en la incidencia políti- ca, para que nuestra voz tenga cabida, que los fondos destinados para la implementación del PMM, tenga reales indicadores de impacto, transparencia en el seguimiento, cero corrupción o mal uso de estos fondos. Se debe garantizar una comunicación e información en todos los niveles de gobierno, global, regional, nacional y local y con sociedad civil, actualmente es un desafío mantener el diálogo y la comunicación con nuestros gobiernos.
Ante la grave situación actual que se viven en nuestra región, México y Centroamérica, hacemos un llamado para que el Pacto sea visto como una oportunidad, un instrumento de trabajo y no como hasta ahora se ha señalado debido al real desconocimiento y mal uso de de la información utilizando de manera irresponsable “lo regular, seguro” para legitimar políticas xenófobas, y de seguridad nacional.
Artículo publicado originalmente en Reporte 11 sobre Migración en Puebla.
Norma Mendieta. CAFAMI AC
¿A qué se enfrentan los niños y niñas con nacionalidad estadounidense, hijos de migrantes mexicanos repatriados? Esta es una pregunta que detrás de sí, cuenta con una serie de grandes problemáticas que afectan directamente tanto a padres e hijos. Estos últimos, menores que por ley merecen la doble nacionalidad, pero que en la búsqueda de la misma se encuentra ante un muro de desigualdades, discriminación y faltas de apoyo por parte del Estado mexicano, impidiéndoles tener una vida digna en México.
De acuerdo con el informe emitido en 2019 “Derecho a la identidad: La cobertura del registro de nacimiento en México” elaborado por Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México viven más de 527 mil 963 niñas y niños nacidos en Estados Unidos que regresaron a México para no separarse de sus padres, los cuales fueron repatriados por las autoridades extranjeras.
Una vez en México, el país de sus padres que en teoría también es el suyo, por diferentes obstáculos les ha limitado contar con una un acta de nacimiento y por consiguiente de otros documentos derivados de ésta. Tal es el caso de la Clave Única de Registro de Población (CURP), documento que en su ausencia impide acceder a todos los derechos y servicios otorgados a cualquier ciudadano mexicano.
Teoría vs realidad sobre la doble nacionalidad en México
Como primer punto debemos tener claros que según cualquier recién nacido en el extranjero con uno o dos padres mexicanos en automático también es mexicano. Lo cual se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 30, inciso A, fracción II.
El cual versa: “Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de padre mexicano o de madre mexicana”.
Generando aquí el cuestionamiento: ¿Por qué si la constitución señala lo anterior, existen más de medio millón de menores, hijos de padres mexicanos sin la doble nacionalidad? La respuesta se encuentra en el actuar de las instituciones mexicanas. Mismas que al momento asesorar, informar y facilitar la documentación son ineficientes.
Doble nacionalidad en Tlaxcala
Además de lo establecido en la carta magna, en el Reglamento de Registro Civil de Tlaxcala en su artículo 98 señala que para tener la nacionalidad mexicana y emitir una acta de nacimiento, solo se debe “Acreditar la nacionalidad de algún padre o ambos padres de a quien se va a registrar”.
Mientras que en el artículo 100 se señalan los demás requisitos respecto a la presentación de documentos, son:
III. Traducción al español por perito autorizado por la Dirección, en caso de que los documentos se encuentren en un idioma distinto al español en original y copia;
¿Apostilla y traducción?
Si bien la mayoría de documentos antes mencionados suenan de lo más común, cuando se habla de apostillar o certificación del acta y de la traducción de la misma es cuando comienzan a surgir dificultades, los cuales van desde el desconocimiento de dichos trámites, hasta el gasto económico que implican.
La apostilla consiste en obtener la certificación de que la firma y el sello que aparecen en el documento fueron puestos por una autoridad facultada para hacerlo. Mientras que la traducción trata de trascribir al español el documento por un perito oficial.
El primer obstáculo surge al buscar las instituciones que realizan dichos trámites. Ya que los mismos servidores de instituciones como los registros civiles locales desconocen dónde realizar una apostilla o traducción.
Por lo que los padres comienzan una peregrinación entre instituciones como: El Instituto Nacional de Migración, la embajada de los Estados Unidos y la Coordinación Estatal del Registro Civil, por poner algunos ejemplos.
Todo para encontrarse que la apostilla no se puede realizar en México, sino en el Estado donde fue emitida el acta original. Sumado a que este trámite tiene un costo de entre 158 y 272 dólares en promedio, o lo que es igual a entre 3 mil y 5 mil 500 pesos.
Por lo tanto, muchos padres, sino es que la mayoría, optan por no registrar a los menores ya sea por falta de recurso o por el desconocimiento de los trámites. Así, arranca el mar de irregularidades, discriminación y desigualdades en contra de estos niños y niñas.
Queda en total olvido lo plasmado en la Constitución Mexicana y en las normas internacionales. Por falta de información, facilidades, asesoría y un acompañamiento institucional adecuado, el país obstaculiza el derecho de los niños y niñas a ser reconocidos como mexicanos, porque lo son.
Norma Mendieta. CAFAMI AC
Los migrantes con el envío de remesas -en el caso de Tlaxcala 253 millones de dólares en 2019-, contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y también de la economía nacional, a través del consumo de bienes y servicios que se realiza en las localidades. Las remesas aportan más divisas al país que lo que ingresa por concepto de exportaciones petroleras o turismo.
A pesar de estas aportaciones, de llamarlos “héroes vivientes”, a su retorno forzado o voluntario, enfrentan diversos retos en su proceso de reintegración, constantes violaciones a sus derechos humanos, discriminación por parte de la población y las instituciones y estigma social. Estas problemáticas se desconocen y resulta necesario visibilizarlas para que sean atendidas.
El retorno forzado, que es el regreso obligado de una persona al país de origen o de residencia, mediante una orden administrativa o judicial, lo que comúnmente conocemos como deportación, se convierte para los migrantes en un estigma, por el cual van a ser criminalizados por parte de funcionarios, policías, vecinos o conocidos. De acuerdo con el testimonio de Yolanda, una mujer deportada “es muy difícil lo que vivimos, ser deportado es igual a criminal, a ladrón, a violador, son estos los prejuicios y el concepto que la gente tiene de nosotros, nos rechazan, nos dicen traidores por haber migrado y ahora que ya nos dieron un patada, venimos a quitarles el trabajo”.
Al respecto, es importante destacar, que la criminalización de la que son objeto, tiene su origen en el discurso anti-migrante de los gobiernos de los Estados Unidos, sobre todo del Presidente Donald Trump, que reiteradamente ha declarado que los migrantes mexicanos ”traen drogas, traen crimen, son violadores”, que se deporta a los extranjeros que cometieron “delitos graves”. En los hechos, la gran mayoría son padres o madres de familia, esposos, sin antecedentes penales o cuya falta fue pasarse un alto, manejar sin licencia, quienes llevan muchos años viviendo allá, con un trabajo y una familia establecida, como indocumentados sí, pero siendo productivos y pagando impuestos. Gracias a esta narrativa de criminalización, a su regreso viven discriminación y rechazo social.
Otra de las consecuencias de la deportación es la separación familiar. Miles de niños y niñas están separados de sus padres y madres deportados ya que por ser ciudadanos americanos, quedan bajo el cuidado del gobierno estadounidense, muchos de estos padres pierden su custodia por la imposibilidad de presentarse a la corte de lo familiar para recuperarlos, porque tienen prohibido el regreso a los Estados Unidos.
Ya en México, por el tiempo prologado en que estuvieron fuera del país, no tienen documentos de identidad vigentes para acceder a derechos y servicios básicos, desconocen los requisitos, procedimientos y el lugar para tramitarlos. Para nadie es desconocido que al no contar con la credencial para votar con fotografía, careces de un documento oficial para identificarte, no puedes cambiar un cheque o envíos de dinero del extranjero. En estos momentos de contingencia con todas las dependencias públicas cerradas obtener documentación que acredite identidad y nacionalidad mexicana se vuelve todavía más complejo. A esto se suma que los documentos que tramitaron en los consulados mexicanos, que podrían utilizar para identificarse, como la credencial para votar, el pasaporte o la matricula consular carecen de validez oficial a pesar de haberlos expedido autoridades mexicanas.
Enfrentan desempleo y en el mejor de los casos acceden a trabajos temporales, con bajos salarios y precarias condiciones de trabajo al carecer de cartas de recomendación y documentación que acredite su experiencia laboral, que les permitiría obtener mejores puestos de trabajo y mayor salario.
Estas son solo algunas de las diversas dificultades que cotidianamente pasan los deportados en su lucha para reconstruir y recuperar su vida, su estabilidad emocional, económica, laboral y familiar. Retos que enfrentan solos, porque no existen políticas públicas que atiendan a este sector de la población, los únicos programas que había para brindarles algún tipo de apoyo: el Fondo de Apoyo a Migrantes [FAM] y el Programa Somos Mexicanos fueron eliminados del presupuesto federal en 2019.
No sólo es justo reconocer sus contribuciones, es necesario terminar con los estereotipos y prejuicios construidos alrededor del migrante deportado, dejar de discriminarlos y criminalizarlos, de reaccionar con hostilidad hacia ellos, para en cambio reconocer su dignidad como personas y como sujetos de derechos como ciudadanos mexicanos que son.
Norma Mendieta CAFAMI AC
Concluida la jornada electoral lo que sigue es atender de manera urgente problemas como la pobreza laboral, la informalidad y la generación de empleos. Las cifras reportadas por el INEGI son bastante críticas, en el primer trimestre de 2021 Tlaxcala registraba una tasa de desempleo de 5.7%, 1 y una tasa de informalidad laboral de 69.2%, que incluye a los trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social y a diversas prestaciones lo que los mantiene dentro de la pobreza. Por su parte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reportó que el 50.1% de la población se encuentra en condiciones de pobreza laboral 2 lo que significa que más de la mitad de las personas que trabajan en la entidad, perciben un ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica, situación que pone en riesgo la misma subsistencia familiar, lo que también se explica por el hecho de que cerca del 40% de los que cuentan con un empleo, ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y trabajan más de 48 horas semanales.3
Condiciones que aumentan la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, que son las causas que dan origen a la migración de miles de tlaxcaltecas hacia los Estados Unidos, misma que no se ha detenido a pesar de la pandemia ocasionada por la COVID-19, con los riesgos que esto implica, porque se sigue considerando a la migración
como una opción viable para acceder a condiciones de vida dignas, al no encontrar en nuestro estado, posibilidades reales de salir de la pobreza.
A esta situación de precariedad que se vive en Tlaxcala, se suma el hecho de que durante la contienda electoral la atención de los migrantes y sus familias fue un tema ausente en la agenda de las candidatas, la única acción a la que se hizo mención por parte de dos de ellas, Viviana Barbosa y Lorena Cuellar, fue la apertura de la Casa Tlaxcala que será la representación del gobierno del estado en la Unión Americana, en donde los connacionales reciban asistencia, información y apoyo. Además de esta propuesta que no formaba parte de su plataforma electoral, sino que fue una iniciativa desarrollada por la comunidad migrante tlaxcalteca, no se planteó ninguna otra acción concreta, a pesar de que la virtual ganadora de la gubernatura Lorena Cuellar Cisneros declaró que: “hay cerca de 500 mil personas en Tlaxcala que tienen que ver con un migrante”. 4
Familias que en las comunidades de origen siguen enfrentando las causas y los efectos de la migración, que siguen siendo ignoradas para entender y atender el tema migratorio.
Como sociedad civil, conocemos de cerca los costos humanos que trae consigo la migración, los efectos emocionales y afectivos que impactan a los integrantes de las familias como resultado de la separación y desintegración familiar, aspectos sistemáticamente ignorados o minimizados, cuando esta situación conforma una violación al derecho a
la unidad familiar y agudiza la inestabilidad social en las comunidades por el aumento de los problemas de drogadicción, pandillerismo, deserción escolar.
Para la atención de las problemáticas de estas familias y de los migrantes que retornan de manera voluntaria o forzada se requiere, sobre todo de apertura y voluntad política para crear mejores condiciones de atención a la comunidad migrante. Desde el Colectivo Migración sin Fronteras y del trabajo que desarrollamos en el Centro de
Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI) con familiares de migrantes, hago un llamado a la futura gobernadora de Tlaxcala para que incluya en su programa de gobierno las siguientes acciones:
1.-Elaboración del Diagnóstico sobre la situación de la migración en la entidad, diagnóstico que no puede reducirse de nueva cuenta a una página en el Plan estatal de Desarrollo, que solo enuncie datos, sino que brinde un análisis profundo de sus causas y efectos, que defina los ejes, objetivos, líneas de acción e indicadores de la política migratoria estatal
2.- Desarrollar políticas públicas, que impulsen un desarrollo económico sostenible e inclusivo, que coloque en el centro, la generación de empleos seguros, bien remunerados, que otorguen seguridad social y prestaciones y permitan la satisfacción de las necesidades básicas de las familias.
3.-Destinar los recursos presupuéstales suficientes para garantizar una atención integral, con eficiencia y eficacia y así contribuir a aminorar la migración forzada de los tlaxcaltecas.
4.- Brindar atención Psicosocial a las familias de los migrantes y migrantes retornados para trabaja y superar los efectos emocionales derivados de la separación y desintegración familiar que se produce no solo cuando se van sino por la deportación que vuelve a dividir familias.
1https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/en-marzo-tasa-de-desocupacion/
2https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/aumento-la-pobreza-laboral-coneval/
3https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/condiciones-criticas-ocupacion-inegi/
4https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/propone-cuellar-casa-del-migrante-6748114.html
Norma Mendieta CAFAMI AC
El lenguaje inclusivo busca combatir la discriminación desalentar juicios y
conductas basados en percepciones o estereotipos y evitar que se refuercen las
ideas que permiten que se reproduzcan conductas discriminatorias.
En cambio, cuando a cualquier persona, grupo social, situación, o problemática se
le define desde los juicios de valor, opiniones, percepciones, basadas en el
racismo, la xenofobia y la intolerancia necesariamente se llega a la discriminación
y a la negación de derechos.
En el caso de la población migrante, esto es muy claro las palabras ilegales,
mojados, criminales, el hablar de la migración como un asunto de “seguridad
nacional”, genera discriminación, imprecisión e incluso consecuencias jurídicas
El uso del término “ilegales”, utilizado por la población en general, los medios de
comunicación y por muchos funcionarios en los distintos niveles de gobierno, es
una forma inadecuada de referirse a una situación migratoria irregular,
consistente en la falta de documentos que acrediten su entrada y permanencia en
un país, lo que ha llevado a que el propio migrante, se considere a sí mismo
como un” ilegal”, por el desconocimiento de que existe la portabilidad de derechos,
que todos y todas tenemos en cualquier parte del mundo, por el solo hecho de ser
personas.
En los Estados Unidos país a donde mayoritariamente se dirigen los migrantes
tlaxcaltecas el término ilegal ha sido convenientemente adoptado para justificar
que por su “ilegalidad” no son sujetos de derechos, y en consecuencia se les somete a
condiciones de explotación laboral al percibir salarios extremadamente bajos y
mínimas protecciones en sus lugares de trabajo y se les niegan sus derechos
humanos más elementales como el acceso a salud, cuando en los hechos, cubren
la necesidad de mano de obra, que tienen los empresarios estadounidenses en
diversas ramas de su economía.
El uso de la palabra ilegal justifica entonces acciones de explotación, pero también
que puedan ser tratados por bandas del crimen organizado como mercancías que
serán comercializadas y controladas más allá de la migración misma.
Desde el reconocimiento de los derechos humanos en tratados internacionales,
ninguna persona en sí misma es ilegal, en todo caso son los actos que realiza los
que pueden o no, ser un delito.
Por otro lado, al considerar el tema de migración por parte de nuestro gobierno y
el de los estados Unidos un asunto de seguridad nacional, se califica entonces a
los migrantes como criminales y una amenaza a la seguridad, de quienes hay que
protegerse y mantener una actitud no solamente hostil sino medidas de control
enérgicas y permitir discursos de odio.
La denominación de los migrantes como criminales, es el sustento para la
aplicación de manera más agresiva de leyes de inmigración para encontrar,
detener y deportar a las personas indocumentadas que viven en territorio
estadounidense, independientemente si han cometido crímenes graves o no.
En un lenguaje incluyente se debe reconocer los aportes positivos y diversos que
hacen los migrantes en a nuestro país y a sus comunidades de origen, tan solo
recordemos que el envío de las remesas es una fuente creciente de
financiamiento para el gobierno mexicano, las familias, las comunidades y lo
mismo sucede en Tlaxcala, donde las remesas representan el 3.6% del producto
interno bruto y el estado ocupa el lugar número 12 en el país por el grado de
dependencia de su economía con respecto a las remesas. 1 Y sobre todo son el
sustento para miles de familias que de no recibirlas vivirían en condiciones de
pobreza o pobreza extrema como sucede con muchos mexicanos.
El lenguaje incluyente se requiere para tratar a los migrantes deportados no con
el estigma de que los deportaron por ser criminales, sino que promueva una
integración comunitaria en armonía y respeto lejos de prácticas de bullying, con
miras a eliminar las manifestaciones de discriminación.
Por todo lo ya señalado es indispensable modificar códigos lingüísticos que
obstaculizan el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades para
las personas, para sustituirlas por palabras inclusivas en el lenguaje tan
necesarias para eliminar la exclusión de grupos y personas.
1 https://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Ex17072017.pdf
Norma Mendieta, CAFAMI AC
La mujer en los flujos migratorios es protagonista, y un sujeto activo, las mujeres son hoy, casi la mitad de la población migrante del mundo, México es el segundo país a nivel mundial con el mayor número de mujeres migrantes, 5.8 millones en 2015. En 2017, 48.1%, de la población que migraba eran mujeres, a este aumento de la presencia de la mujer en el proceso migratorio y el nuevo rol que asumen durante la migración, se le ha denominado feminización de la migración.
No obstante esta presencia innegable de las mujeres en la migración poco se conoce y se habla de los cambios positivos y negativos que suceden en su vida, de las situaciones que cotidianamente enfrentan y de las transformaciones que se dan en las relaciones de género, la dinámica familiar y la organización social comunitaria, ya sea que la mujer, decida migrar, retorne o se quede en su comunidad. Todo esto lo he podido constatar en las comunidades de origen a través de la observación, los testimonios y la convivencia con esposas, madres, hijas hermanas de migrantes y con mujeres y familias de retorno.
Al respecto ¿podemos decir que la experiencia migratoria empodera a las mujeres?
El papel que las mujeres desempeñan en la familia es uno de los cambios más importantes, al no encontrarse los hombres, se modifican los roles tradicionales de género, la jefatura de los hogares deja de ser mayoritariamente masculina, pasan a engrosar las filas de las miles de familias que en este país están a cargo de una mujer.
Tanto las mujeres que migran como las que permanecen en las comunidades de origen, cuando ingresan a la vida laboral, modifican su posición en el hogar, de la dependencia hacia el marido o su padre, adquieren un papel relevante como proveedoras y jefas de familia. El acceso y control del dinero posibilita la independencia económica y reducir su situación de vulnerabilidad, repercute en las relaciones familiares, al crear condiciones para avanzar en su autonomía, al poder tomar decisiones respecto de su vida y la de sus hijos/jas. Como resultado también incrementa su autoestima y autovaloración.
Las mujeres que retornan, gracias a la migración ya no son las mismas que cuando se fueron, son más conscientes de sus derechos, desarrollan nuevas capacidades y aprendizajes, son ellas quienes deciden a quién enviar las remesas, dirigen su uso a la distancia, intentan asegurar su bienestar futuro para el regreso, algunas logran adquirir una propiedad o emprender un negocio, hecho que mejora su posición dentro de la familia y su comunidad. La autonomía económica a la que acceden y este empoderamiento individual, que les permite mayor independencia en torno a las decisiones sobre su vida personal, son herramientas que contribuyen a que las mujeres sean protagonistas fundamentales en sus comunidades
Estos son los cambios positivos pero ¿qué factores impiden su empoderamiento?
A pesar de la mayor participación en la vida laboral y esta autonomía, independencia y empoderamiento, las mujeres continúan siendo las proveedoras principales del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los hogares. Persisten las desigualdades en los salarios y en el trabajo. En este sentido, la migración contribuye a modificar los roles de género, pero no las relaciones de poder, no significa la ruptura con los modelos de género dominantes, de esto existen diversos ejemplos.
La reasignación de roles no es una regla general en las localidades migrantes, en algunos casos los papeles tradicionales femeninos y masculinos permanecen intactos, la visión patriarcal sigue vigente, así como muchas mujeres comienzan a trabajar, muchas otras, siguen desempeñando el papel que deben cumplir, las labores domésticas, el cuidado de los hijos, con cargas adicionales de trabajo y más responsabilidades, son madres y padres para sus hijos (as); son las encargadas de proteger el patrimonio familiar, administrar las remesas, permanecen en una posición de dependencia económica, con el envío del dinero el hombre refuerza su poder, las decisiones que se toman en la familia las siguen tomando los esposos a pesar de su ausencia física. Si vivían violencia física, ahora viven violencia psicológica ante la vigilancia permanente sobre su comportamiento por parte de la comunidad y la familia, para que cumplan con su “obligación” de ser fieles, tienen que cuidar todo lo que hace, salir solo lo indispensable, dedicarse por completo a los hijos para evitar problemas con el esposo, porque cargan sobre sus hombros la amenaza del abandono.
Las mujeres que quieren acceder a visas temporales de trabajo a través de los programas de Trabajadores Agrícolas Temporales de Canadá (PTAT) y H2A a los Estados Unidos, en los procesos de selección y reclutamiento enfrentan discriminación por razones de género, persiste entre los empleadores y reclutadores, la mayoría hombres por cierto, la idea sobre lo que es, o no es, un trabajo apropiado para la mujer y no consideran que en el trabajo agrícola den un buen rendimiento, las mujeres constituyen solo 3.5% del contingente de trabajadores que participa en el PTAT. En cambio las oportunidades de empleo si están abiertas cuando se van a desempeñar las funciones tradicionalmente asignadas a las mujeres, como el servicio doméstico, ser niñeras o cuidadoras de adultos mayores, es decir que en los lugares de destino también persisten las desigualdades de género.
Al retorno enfrentan situaciones como la estigmatización, se las culpa por las consecuencias ya sea, supuestas o reales, que la migración de ellas, tiene sobre sus hijos e hijas y sobre las familias, resultado de su “abandono”, cuando presentan mala conducta, bajo rendimiento escolar, actitudes de rebeldía y, en algunos casos, violencia y delincuencia juvenil. Hecho que se explica y justifica por el rol de género asignado a las madres, en quienes se deja todo el peso y la responsabilidad exclusiva del cuidado de los hijos y del bienestar de la familia. Dificultades para obtener empleo, sobre todo por la edad, muchas de ellas, pasan de los treinta. Discriminación, por ser familias binacionales encuentran dificultades para que sus hijos nacidos en los Estados Unidos, accedan a derechos y servicios, como la educación, la salud, programas sociales, al ser las mujeres las encargadas de su cuidado, son ellas las que tienen que resolver esta problemática, enfrentando discriminación y violencia institucional por la pésima atención que reciben en las oficinas de gobierno donde se ha hecho común la omisión, negación o dilación en el goce y ejercicio de estos derechos. Violencia intrafamiliar por parte de su pareja, quien ante la frustración y el sentimiento de derrota que provoca la deportación que termina de golpe con su proyecto de vida, y el difícil proceso de reinserción a sus comunidades, descarga este enojo sobre ella, ya sea con agresiones verbales o físicas, lo que muchas veces termina en el divorcio y la desintegración familiar.
De lo aquí expuesto, las consecuencias de la experiencia migratoria y las necesidades de atención, son diferentes para hombres y mujeres y esto tendría que tomarse en cuenta al momento de elaborar políticas públicas, las cuáles necesariamente deben contar con perspectiva de género, estar orientadas de manera específica a las mujeres y a las familias.
En este sentido por el gran impacto emocional que afectan la vida de las mujeres que se quedan en las comunidades de origen, y de las que retornan, seguimos reiterando la necesidad, de que se creen programas que brinden apoyo psicoemocional a través del o la psicóloga con la que deben contar todos los DIF municipales. La creación de talleres que se impartan a los niños y jóvenes, así como a las madres, suegras, tías, en quienes recae su cuidado, cuando la mujer migra, que promuevan la salud emocional y el autocuidado, al menos una vez a la semana, talleres que también podrían realizarse en las escuelas. Asímismo se requiere la construcción e implementación de marcos jurídicos que garanticen la exigibilidad y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres inmersas en todo el proceso migratorio.
1https://www.gob.mx/conapo/articulos/mujeres-en-la-migracion-98976?idiom=es
2http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Panorama_de_la_migracion_en_Mexico
